El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que abre el proceso de negociación para la adhesión de España al Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras (BAII). El proyecto del Banco, que tendrá sede en Pekín, fue presentado por el presidente chino, Xi Jinping, en octubre de 2013 y su lanzamiento oficial se produjo con la firma de un Memorando de Entendimiento por 22 países de la región a finales de octubre de 2014. El objetivo es que comience a operar a finales del año 2015.
España valora la participación por diversas razones: la intención de varios países europeos de formar parte del organismo; la posibilidad de entrar como miembro fundador, lo que le daría la oportunidad de participar con una mayor capacidad de influencia en las decisiones; y la importancia internacional de las empresas españolas del sector de obras públicas. Participar como miembro fundador permitiría, por tanto, a estas empresas acceder en buenas condiciones a las facilidades adicionales de crédito que el Banco pueda ofrecer para obras que se realicen en la región asiática.
El objetivo del BAII es promover el desarrollo sostenible de Asia, concentrándose en la financiación de infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones, así como en la financiación de proyectos para el desarrollo urbano y rural y la conservación del medio ambiente en la región. La institución tendrá un capital autorizado de cien mil millones de dólares y proporcionará su apoyo financiero a proyectos en los países asiáticos mediante la concesión de préstamos, la inversión en capital o la concesión de garantías. El Banco funcionará en estrecha colaboración con otros bancos de desarrollo multilaterales existentes como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial.
Actualmente son 27 los potenciales Estados miembros regionales. Algunos países de Europa Occidental, como Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Alemania, Francia e Italia, han anunciado su intención de convertirse también en potenciales miembros fundadores, como hace ahora España. Estos países deben firmar una carta de intenciones, enviar una carta de solicitud al Gobierno chino y lograr que un mínimo del 75 por 100 del resto de países fundadores manifiesten su ausencia de oposición a la misma. La participación financiera de España se decidirá tras la aprobación del Convenio Constitutivo, en el momento de su ingreso efectivo en la institución.
